Resistencia social y autodeterminación política. El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Maria teresa Uribe, Socióloga, profesora de la Universidad de Antioquia


La intensificación del conflicto armado y las órdenes expresas de desalojo por parte de los grupos armados ilegales generaron distintas estrategias de supervivencia entre los habitantes de los poblados de las zonas rurales y de las florecientes ciudades de Urabá. Muchos optaron por el exilio y en una marcha silenciosa pero masiva, abandonaron sus parcelas y sus hogares para escapar de una muerte segura. Otros resolvieron quedarse, bien plegándose a la voluntad de los nuevos dominadores, bien resistiendo pasivamente, haciendo “ como si”, evitando por todos los medios colaboraciones activas y un tercer grupo de pobladores después de ensayar varias estrategias de resistencia pasiva, de salidas precipitadas con retornos azarosos, decidieron quedarse, declararle la guerra a la guerra y permanecer en sus parcelas comprometiéndose, mediante un pacto público a no involucrarse con los actores armados, incluidos los del propio Estado.

Así que en medio de las guerras, las amenazas y las muertes, los pobladores de San José de Apartadó tomaron decisiones trascendentales: Recuperar su autonomía para optar libremente sobre su devenir y su destino; emanciparse de los poderes autoritarios y verticales que habían venido gravitando sobre ellos de tiempo atrás; autodeterminarse mediante la suscripción de un pacto fundacional en el que se definía como se iban a manejar las relaciones políticas y sociales, tanto entre sus propios miembros como hacia el exterior; y por último, decirle no a la guerra para lo cual optaron por acogerse a los principios de una ética pública, cívica, democrática, participativa y centrada en los valores de la defensa de la vida, de la libertad y del respeto por la diferencia. Este pacto fundacional se denominó “Comunidad de Paz”.

A partir de su constitución, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, han venido sosteniendo una lucha persistente, desarmada y valerosa, para defender este novedoso proyecto político, que en su devenir trágico y heroico está develando nuevas formas de hacer y pensar la política desde lo local-mundial, pero al mismo tiempo, los pobladores han aprendido con sangre lo que significa inventarse la paz en un país en guerra, desplegar procesos de democratización en un espacio cruzado por fuerzas autoritarias y poderes verticales y resistir sin armas a los lógicas de un conflicto armado que terminó por alimentarse de su propio contexto.


Hoy, el gobierno nacional pone en ejecución una nueva estrategia de conquista soberana sobre el territorio de San José de Apartadó, desconociendo el pacto ciudadano y decidiendo unilateralmente situar en la cabecera del poblado unidades militares y de policía para salvaguardar el orden y reconstruir la institucionalidad perdida. Esta decisión que se lleva al piso la neutralidad asumida voluntariamente por los pobladores de la Comunidad de Paz, los introduce nuevamente en la lógica de la guerra, pues la presencia de las armas del Estado rompe los acuerdos contingentes e inestables con los otros actores armados y en este estado de cosas todos se sentirán con derecho a incursionar por los predios del corregimiento y a convocar nuevas lealtades bélicas y violentas. Si bien es cierto que las lógicas de la guerra nunca han logrado erradicarse de la Comunidad de Paz, es necesario reconocer que la neutralidad y las bases éticas y políticas del pacto fundacional son los últimos recursos que les quedan a sus habitantes para permanecer en sus tierras.


Soberanía nacional versus autodeterminación local. ¿De que soberanía estamos hablando?

La soberanía nacional a la cual acude el gobierno para desconocer los principios programáticos de la Comunidad de Paz, es un principio constitutivo del Estado moderno, concepto con contenidos fijos y atributos sustanciales referidos a la exclusividad, la indivisibilidad, la permanencia y la totalidad del poder, atributos sobre los cuales se sustentan las pretensiones de legitimidad y hegemonía de los poderes institucionales. Esta soberanía es lo que permite a las entidades estatales exigir el acato, la sumisión y la obediencia de quienes habitan en el territorio interno y demandar el reconocimiento internacional, la representación del conjunto de la Nación y el respeto por su propia autonomía para decidir sin interferencias sobre los asuntos internos, como bien lo expresó Bertrand Badie (ver Un mundo sin soberanía. Estados entre artificio y responsabilidad. Bogotá, Tercer Mundo, 2000.)

La particularidad de la confrontación armada en Colombia, la simultaneidad de conflictos de diferente orden que se anudan de manera distinta en sus regiones, la co-implicación de actores bélicos, delincuenciales y sociales, las largas duraciones de la guerra y sus coyunturas de agudización, están poniendo de presente que el Estado colombiano, a pesar de poseer los atributos sustanciales de la soberanía y de contar con reconocimiento internacional, carece del poder y la capacidad para instaurar un orden político común. La naturaleza del conflicto armado colombiano hace pensar en la fragilidad de la soberanía estatal, hace dudar de la omnipresencia del Estado en todo el territorio y la indivisibilidad de la República. Introduce dudas razonables en torno a su omnipotencia o capacidad para despojar a los ciudadanos de sus hostilidades y violencias recíprocas y de proveer una sociedad pacífica y desarmada. Si la soberanía es frágil o puesta en vilo en muchos territorios y entre varias agrupaciones, esto quiere decir que el poder supremo no se dirime en los espacios de la institucionalidad sino en los de la guerra y es desde allí desde donde se definen las competencias, los dominios, las primacías, las obligaciones y los compromisos de los pobladores, sobre todo en las regiones y territorios en disputa.

Así, en medio de estos órdenes alternativos con pretensión soberana, los pobladores afectados, puestos en situación de límite por la guerra, van desarrollando estrategias emancipadoras y desarmadas que los desafían a todos y van configurando formas de autodeterminación social en cuyo devenir los pobladores redescubren otras maneras de producción del poder, reconociéndose en ellas, visibilizándose en el mundo público nacional e internacional y renovando las prácticas democráticas y participativas mediante pactos socio-económicos y ético-políticos, entrando por esta vía en la disputa por la soberanía.

Autodeterminación transversal

El concepto de autodeterminación alude a la capacidad que posee un colectivo social para emanciparse de poderes hegemónicos o pretendidamente hegemónicos percibidos por ellos como opresivos, discriminatorios e injustos y que de alguna menara estarían condicionando el libre ejercicio de su vida en común, lesionando su dignidad y sus derechos o poniendo en riesgo sus vidas, sus pertenencias y sus bienes colectivos (ver La Condición humana, de Hanna Arendt). Desde esta perspectiva, autodeterminarse implica asumir libremente y sin interferencias su propio devenir como pueblo o como conjunto social, decidir sobre las reglas de convivencia y sobre el tipo de orden político que se considere más adecuado, consultando la voluntad general o la voluntad de la mayoría según sea el caso, construir los aparatos administrativos o de gestión necesarios para poner en acción el orden político adoptado y para preservar lo que ese colectivo hubiese definido como su patrimonio cultural e histórico.

La autodeterminación tal como fue pensada por las ciencias sociales tradicionales, parecía conducir a la independencia política, a la fundación de un Estado soberano, propio y distinto, que representase el colectivo tanto en el interior como en el contexto internacional. No obstante la emergencia en el escenario público de actores sociales portadores de reivindicaciones específicas asociadas con el reconocimiento de la diferencia, del género, la edad, la etnia, la cultura, el desarrollo desigual o la condición social entre otras, obligó a redefinir los contenidos de la autodeterminación política en dominios de transversalidad y alta complejidad, donde éstos no tendrían como destino la fundación de un Estado moderno, sino la lucha por la autonomía, por el respeto a las decisiones y por su capacidad para dirigir y orientar sus propósitos colectivos (ver Marcelo Cavarozzi, en Transformación de la política en América Latina. Revista Análisis Político • 19-1993)

En palabras del profesor Boaventura de Souza Santos, la autodeterminación se puede desenvolver en múltiples esferas de la vida social y en contra de formas de poder diferenciados, y ser puestas en acción por sujetos muy diversos que de acuerdo con los entramados culturales, económicos o sociales en los que viven, desarrollan acciones y discursos contra-hegemónicos y emancipatorios de hondo calado y con amplia capacidad de transformar los referentes de la sociedad en su conjunto sin que ello signifique necesariamente la independencia política o la fundación de un nuevo Estado moderno.

Estos procesos de autodeterminación social transversal se pueden mover en un rango muy amplio y con implicaciones institucionales muy diferenciadas que pasan por la rebeldía, la autonomía y el reconocimiento; pueden expresar demandas por desarrollos institucionales y legislativos vinculantes, luchas por la inclusión mediante estatutos diferenciados, cambios en el régimen político, o simplemente pueden carecer de expresión constatable en los marcos legales e institucionales , pero tenerlas en el universo de lo social, en las maneras de producción del poder, y en las formas de acción y de conocimiento puestas en práctica por grupos heterogéneos de la población en contra de situaciones vividas por ellos como opresivas y por las cuales exigen reconocimiento, respeto, reparación moral y cuasi soberanía, como en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Para que la rebeldía asuma formas emancipatorias es necesario, además del autoreconocimiento, el reconocimiento. Esto quiere decir que la situación percibida como opresiva, discriminatoria o excluyente se exprese en la esfera de lo público, se argumente razonablemente, se relate o se narre a otros actores sociales por fuera del entorno propio y que a partir de allí se desarrollen formas autónomas de organización social y prácticas alternativas de producción de poder a través de las cuales se pueda confrontar a los poderes hegemónicos que oprimen.

La rebeldía emancipatoria se puede mover en un escenario muy amplio que va desde las prácticas como las movilizaciones, las marchas, las tomas de edificios públicos, los bloqueos a las vías, hasta formas de insurgencia armada, pasando por formas de resistencia civil y desarmada, cuya significación puede apuntar a la sustitución de un régimen opresivo, al rechazo de una acción que se considera lesiva o discriminatoria y a la salvaguarda de la autonomía y la autodeterminación, poniéndole límites a los poderes autoritarios.


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