Resistencia social y autodeterminación política. El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Maria teresa Uribe, Socióloga, profesora de la Universidad de Antioquia


La intensificación del conflicto armado y las órdenes expresas de desalojo por parte de los grupos armados ilegales generaron distintas estrategias de supervivencia entre los habitantes de los poblados de las zonas rurales y de las florecientes ciudades de Urabá. Muchos optaron por el exilio y en una marcha silenciosa pero masiva, abandonaron sus parcelas y sus hogares para escapar de una muerte segura. Otros resolvieron quedarse, bien plegándose a la voluntad de los nuevos dominadores, bien resistiendo pasivamente, haciendo “ como si”, evitando por todos los medios colaboraciones activas y un tercer grupo de pobladores después de ensayar varias estrategias de resistencia pasiva, de salidas precipitadas con retornos azarosos, decidieron quedarse, declararle la guerra a la guerra y permanecer en sus parcelas comprometiéndose, mediante un pacto público a no involucrarse con los actores armados, incluidos los del propio Estado.

Así que en medio de las guerras, las amenazas y las muertes, los pobladores de San José de Apartadó tomaron decisiones trascendentales: Recuperar su autonomía para optar libremente sobre su devenir y su destino; emanciparse de los poderes autoritarios y verticales que habían venido gravitando sobre ellos de tiempo atrás; autodeterminarse mediante la suscripción de un pacto fundacional en el que se definía como se iban a manejar las relaciones políticas y sociales, tanto entre sus propios miembros como hacia el exterior; y por último, decirle no a la guerra para lo cual optaron por acogerse a los principios de una ética pública, cívica, democrática, participativa y centrada en los valores de la defensa de la vida, de la libertad y del respeto por la diferencia. Este pacto fundacional se denominó “Comunidad de Paz”.

A partir de su constitución, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, han venido sosteniendo una lucha persistente, desarmada y valerosa, para defender este novedoso proyecto político, que en su devenir trágico y heroico está develando nuevas formas de hacer y pensar la política desde lo local-mundial, pero al mismo tiempo, los pobladores han aprendido con sangre lo que significa inventarse la paz en un país en guerra, desplegar procesos de democratización en un espacio cruzado por fuerzas autoritarias y poderes verticales y resistir sin armas a los lógicas de un conflicto armado que terminó por alimentarse de su propio contexto.


Hoy, el gobierno nacional pone en ejecución una nueva estrategia de conquista soberana sobre el territorio de San José de Apartadó, desconociendo el pacto ciudadano y decidiendo unilateralmente situar en la cabecera del poblado unidades militares y de policía para salvaguardar el orden y reconstruir la institucionalidad perdida. Esta decisión que se lleva al piso la neutralidad asumida voluntariamente por los pobladores de la Comunidad de Paz, los introduce nuevamente en la lógica de la guerra, pues la presencia de las armas del Estado rompe los acuerdos contingentes e inestables con los otros actores armados y en este estado de cosas todos se sentirán con derecho a incursionar por los predios del corregimiento y a convocar nuevas lealtades bélicas y violentas. Si bien es cierto que las lógicas de la guerra nunca han logrado erradicarse de la Comunidad de Paz, es necesario reconocer que la neutralidad y las bases éticas y políticas del pacto fundacional son los últimos recursos que les quedan a sus habitantes para permanecer en sus tierras.


Soberanía nacional versus autodeterminación local. ¿De que soberanía estamos hablando?

La soberanía nacional a la cual acude el gobierno para desconocer los principios programáticos de la Comunidad de Paz, es un principio constitutivo del Estado moderno, concepto con contenidos fijos y atributos sustanciales referidos a la exclusividad, la indivisibilidad, la permanencia y la totalidad del poder, atributos sobre los cuales se sustentan las pretensiones de legitimidad y hegemonía de los poderes institucionales. Esta soberanía es lo que permite a las entidades estatales exigir el acato, la sumisión y la obediencia de quienes habitan en el territorio interno y demandar el reconocimiento internacional, la representación del conjunto de la Nación y el respeto por su propia autonomía para decidir sin interferencias sobre los asuntos internos, como bien lo expresó Bertrand Badie (ver Un mundo sin soberanía. Estados entre artificio y responsabilidad. Bogotá, Tercer Mundo, 2000.)

La particularidad de la confrontación armada en Colombia, la simultaneidad de conflictos de diferente orden que se anudan de manera distinta en sus regiones, la co-implicación de actores bélicos, delincuenciales y sociales, las largas duraciones de la guerra y sus coyunturas de agudización, están poniendo de presente que el Estado colombiano, a pesar de poseer los atributos sustanciales de la soberanía y de contar con reconocimiento internacional, carece del poder y la capacidad para instaurar un orden político común. La naturaleza del conflicto armado colombiano hace pensar en la fragilidad de la soberanía estatal, hace dudar de la omnipresencia del Estado en todo el territorio y la indivisibilidad de la República. Introduce dudas razonables en torno a su omnipotencia o capacidad para despojar a los ciudadanos de sus hostilidades y violencias recíprocas y de proveer una sociedad pacífica y desarmada. Si la soberanía es frágil o puesta en vilo en muchos territorios y entre varias agrupaciones, esto quiere decir que el poder supremo no se dirime en los espacios de la institucionalidad sino en los de la guerra y es desde allí desde donde se definen las competencias, los dominios, las primacías, las obligaciones y los compromisos de los pobladores, sobre todo en las regiones y territorios en disputa.

Así, en medio de estos órdenes alternativos con pretensión soberana, los pobladores afectados, puestos en situación de límite por la guerra, van desarrollando estrategias emancipadoras y desarmadas que los desafían a todos y van configurando formas de autodeterminación social en cuyo devenir los pobladores redescubren otras maneras de producción del poder, reconociéndose en ellas, visibilizándose en el mundo público nacional e internacional y renovando las prácticas democráticas y participativas mediante pactos socio-económicos y ético-políticos, entrando por esta vía en la disputa por la soberanía.

Autodeterminación transversal

El concepto de autodeterminación alude a la capacidad que posee un colectivo social para emanciparse de poderes hegemónicos o pretendidamente hegemónicos percibidos por ellos como opresivos, discriminatorios e injustos y que de alguna menara estarían condicionando el libre ejercicio de su vida en común, lesionando su dignidad y sus derechos o poniendo en riesgo sus vidas, sus pertenencias y sus bienes colectivos (ver La Condición humana, de Hanna Arendt). Desde esta perspectiva, autodeterminarse implica asumir libremente y sin interferencias su propio devenir como pueblo o como conjunto social, decidir sobre las reglas de convivencia y sobre el tipo de orden político que se considere más adecuado, consultando la voluntad general o la voluntad de la mayoría según sea el caso, construir los aparatos administrativos o de gestión necesarios para poner en acción el orden político adoptado y para preservar lo que ese colectivo hubiese definido como su patrimonio cultural e histórico.

La autodeterminación tal como fue pensada por las ciencias sociales tradicionales, parecía conducir a la independencia política, a la fundación de un Estado soberano, propio y distinto, que representase el colectivo tanto en el interior como en el contexto internacional. No obstante la emergencia en el escenario público de actores sociales portadores de reivindicaciones específicas asociadas con el reconocimiento de la diferencia, del género, la edad, la etnia, la cultura, el desarrollo desigual o la condición social entre otras, obligó a redefinir los contenidos de la autodeterminación política en dominios de transversalidad y alta complejidad, donde éstos no tendrían como destino la fundación de un Estado moderno, sino la lucha por la autonomía, por el respeto a las decisiones y por su capacidad para dirigir y orientar sus propósitos colectivos (ver Marcelo Cavarozzi, en Transformación de la política en América Latina. Revista Análisis Político • 19-1993)

En palabras del profesor Boaventura de Souza Santos, la autodeterminación se puede desenvolver en múltiples esferas de la vida social y en contra de formas de poder diferenciados, y ser puestas en acción por sujetos muy diversos que de acuerdo con los entramados culturales, económicos o sociales en los que viven, desarrollan acciones y discursos contra-hegemónicos y emancipatorios de hondo calado y con amplia capacidad de transformar los referentes de la sociedad en su conjunto sin que ello signifique necesariamente la independencia política o la fundación de un nuevo Estado moderno.

Estos procesos de autodeterminación social transversal se pueden mover en un rango muy amplio y con implicaciones institucionales muy diferenciadas que pasan por la rebeldía, la autonomía y el reconocimiento; pueden expresar demandas por desarrollos institucionales y legislativos vinculantes, luchas por la inclusión mediante estatutos diferenciados, cambios en el régimen político, o simplemente pueden carecer de expresión constatable en los marcos legales e institucionales , pero tenerlas en el universo de lo social, en las maneras de producción del poder, y en las formas de acción y de conocimiento puestas en práctica por grupos heterogéneos de la población en contra de situaciones vividas por ellos como opresivas y por las cuales exigen reconocimiento, respeto, reparación moral y cuasi soberanía, como en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Para que la rebeldía asuma formas emancipatorias es necesario, además del autoreconocimiento, el reconocimiento. Esto quiere decir que la situación percibida como opresiva, discriminatoria o excluyente se exprese en la esfera de lo público, se argumente razonablemente, se relate o se narre a otros actores sociales por fuera del entorno propio y que a partir de allí se desarrollen formas autónomas de organización social y prácticas alternativas de producción de poder a través de las cuales se pueda confrontar a los poderes hegemónicos que oprimen.

La rebeldía emancipatoria se puede mover en un escenario muy amplio que va desde las prácticas como las movilizaciones, las marchas, las tomas de edificios públicos, los bloqueos a las vías, hasta formas de insurgencia armada, pasando por formas de resistencia civil y desarmada, cuya significación puede apuntar a la sustitución de un régimen opresivo, al rechazo de una acción que se considera lesiva o discriminatoria y a la salvaguarda de la autonomía y la autodeterminación, poniéndole límites a los poderes autoritarios.


En Justa Opinión

ESTADOS PLURINACIONALES Y CONSTITUYENTE Boaventura de Souza Santos

Intervención magistral realizada en el Encuentro Internacional “Pueblos Indígenas, Estados plurinacionales y derecho al agua”, Quito, 12-14 de marzo de 2008.
En Revista Etnias y Política, Bogotá, junio de 2008.


Ecuador en el momento actual se caracteriza por el hecho de que las fuerzas progresistas asumieron la bandera planteada por el movimiento indígena en la década de los 90 para la elaboración de una nueva constitución que reconozca la diversidad de una manera profunda a través de la plurinacionalidad. Los avances en los últimos veinte años han permitido pasar de la invisibilidad a la visibilidad, de la resistencia a la propuesta, y ahora, de la interculturalidad a la plurinacionalidad. Es importante tener esto en cuenta para analizar el proceso constituyente que se leva a cabo.

La constitución es simplemente un papel que ha sido fuente de frustración durante mucho tiempo. Varios derechos han sido incluidos pero los pueblos continúan siendo excluidos, empobrecidos, invisibilizados y oprimidos. Estamos ante un nuevo tipo de constitucionalismo que implica un proyecto político de país diferente, otra forma de cultura, de convivencia, de territorialidad, de institucionalidad del Estado. Se trata de un período nuevo, interesante pero muy difícil, ya que existen muchos enemigos internos y externos que están muy bien organizados. Lamentablemente, las fuerzas progresistas no se organizan tan bien como sus opositores.

El actual modelo de Estado homogeneizante porque implica una sola Nación, cultura, derecho, ejército y religión. Esta idea de homogenización predomina en la cabeza de las élites, de la cultura y hasta en las fuerzas progresistas que son o pueden ser aliadas de este proceso. De allí la importancia de defender otro tipo de unidad en la diversidad que no sea solamente aceptada sino celebrada. La unidad no tiene porque ser homogénea y tampoco la diversidad tiene que ser desintegración. Estos son los retos que debe enfrentar la nueva constitución para que efectivamente el actual proceso político implique una importante ruptura con el colonialismo que no terminó con las independencias.

Las diversas iniciativas políticas que están emergiendo en el continente solo pueden ser entendidas reconociendo la existencia de un profundo racismo en la sociedad. Por ejemplo, no podemos entender los conflictos en Bolivia sin antes recordar que para sus élites un indio es solo un indio y no conciben que haya llegado a ser presidente, porque según ellos no es competente. Si revisamos la historia recordaremos que en la Colonia creían que los indios no tenían alma. Han tenido que pasar quinientos años para que un indio sea elegido democráticamente.

En Venezuela también existe racismo, basta observar muchas de las críticas lanzadas contra el presidente Hugo Chávez que lo tildan de macaco y de no pertenecer a las elites blancas de la sociedad dominante. De allí la importancia del reconocimiento de la continuidad del colonialismo, y de que en el proceso constitucional, la plurinacionalidad es un acto de poscolonialidad que rompe con las herencias de la Colonia. La independencia fue dada, concebida, conquistada por los descendientes de los colonizadores, no por los pueblos originarios. Es decir, no fue realmente descolonizadora. En África sucedió todo lo contrario, las independencias se dieron por los territorios, por los países a los pueblos originarios con excepción de Sudáfrica que conquisto su independencia a mediados de los años noventa.

Este nuevo tipo de constitucionalismo es importante pero no es exclusivo de América Latina. En el mundo existen varios países como Canadá, Suiza, Bélgica y España que se reconocen como plurinacionales. La plurinacionalidad tiene como objetivo desterrar la profunda herencia colonial. Exige otra concepción del territorio y del manejo de los recursos naturales. Este proceso político significa una nueva visión de país, una refundación del Estado. Bolivia y Ecuador están inventando otro tipo de Estado, uno moderno que amerita nuevas instituciones y nuevos territorios con un marco político diferente que permita pasar del discurso a la práctica de la diversidad.

La plurinacionalidad es un acto fundacional, y todos los actos fundacionales resultan transitorios. Pasar de las viejas estructuras a la construcción de nuevos Estados es un proceso de trancision que no es únicamente político sino cultural, y que puede generar enfrentamientos como los que ocurren en Ecuador y en Bolivia. Son choques sobre la memoria entre aquellos que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Esta confrontación exige otro tipo de memoria.

El nuevo modelo de Estado implica y una nueva institucionalidad, otra territorialidad, pero también otro modelo de desarrollo. De allí la importancia de las concepciones indígenas que están ganando terreno porque van mas allá de las reivindicaciones puramente étnicas. Hoy en día el punto de vista de los pueblos indígenas es importante para todo el continente, pues el actual modelo de desarrollo está destruyendo el medio ambiente, los recursos naturales, y especialmente, contaminando el agua. Los indígenas colombianos suelen decir “el petróleo es la sangre de la tierra, es nuestra sangre, nuestra vitalidad, si nos sacan la sangre nos matan”. Esta concepción, que para los pueblos indígenas resulta natural, esta comenzando a tener mas aceptación. No solamente está en crisis el modelo capitalista de desarrollo, sino la supervivencia de la humanidad si se mantiene el actual modelo de desarrollo.

Este acto refundacional del Estado que se forja en el Ecuador contiene otro modelo de democracia porque el actual es muy excluyente dado que ha marginado a las grandes mayorías de la mesa de las negociaciones y las decisiones. Por tanto, es necesario democratizar la democracia con nuevas formas de participación mas incluyentes que bien pueden ser de origen occidental como la democracia participativa, o de origen comunitario como las formas indígenas. La constitución boliviana por ejemplo, distingue entre democracia representativa, participativa y comunitaria. La democratización de la democracia va acompañada de otro proceso, la ciudadanización de la ciudadanía,es decir, la ampliación de la ciudadanía a formas de ciudadanías interculturales con diferentes maneras de pertenencia.

Existen varias formas de pertenencia y por tanto, de convivencia. La unidad en la diversidad es una nueva solidaridad social que puede tener un impacto muy fuerte en los territorios y recursos naturales. El objetivo de la plurinacionalidad no es solamente la idea del consenso sino del reconocimiento de las diferencias , de otra forma de cooperación nacional con unidad en la diversidad. Es un acto de justicia histórica que no puede ser resuelto como un tema de geometría de las democracias representativa. Los pueblos indígenas constituyen una amenaza contra el proyecto imperialista de las multinacionales, por sus concepciones de territorio, sus cosmovisiones y la propuesta de la plurinacionalidad.

Erróneamente se cree que una Constitución es algo permanente pero no es así. La lucha empieza cuando termina la constitución y no al revés. Los pueblos indígenas reclaman participación en los procesos de decisión no para adueñarse de los recursos naturales sino para develar otro tipo de solidaridad nacional, de reparto de los beneficios, de un manejo distinto que no destruya la tierra o contamine el agua, de una visión para el conjunto de la sociedad y no sólo para ellos. Una concepción que permita vivir bien y que no ponga en riesgo la supervivencia de los pueblos.


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